El gobernador de Nebraska respalda la campaña del ICE, pero emplea a trabajadores indocumentados

Yanqi Xu es reportera de Flatwater Free Press. Analizó el sector agrícola de Nebraska en el marco del Programa de Becas de Investigaciones Locales del Times.

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Antes de convertirse en gobernador de Nebraska hace tres años, Jim Pillen creó una empresa porcina multimillonaria. Se presentó como un empresario conservador que podía impulsar la economía del estado y derrotó a un candidato respaldado por Donald Trump en las primarias republicanas.

En esta ocasión, Pillen, que se presenta a la reelección este otoño, se ha ganado el respaldo de Trump. El gobernador —que hasta el año pasado rara vez se había pronunciado sobre cuestiones migratorias— ha adoptado la agenda de mano dura de Trump en materia de inmigración.

Pocos días después del regreso de Trump a la Casa Blanca, el gobernador ordenó a la Patrulla Estatal de Nebraska que colaborara con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) en la aplicación de la ley de inmigración. Permitió que la agencia federal utilizara una antigua prisión estatal, ahora conocida como Cornhusker Clink, para albergar a cientos de detenidos tras una redada de deportación masiva del gobierno. Ha replicado la retórica de Trump sobre los “migrantes ilegales delincuentes” que han “invadido nuestro país” y ha denunciado a “lo peor de lo peor” de los migrantes que, según él, se esconden en Nebraska.

Sin embargo, por más de una década, el negocio porcino de Pillen ha contratado a trabajadores migrantes, tanto a quienes están en Estados Unidos de forma legal como a quienes no lo están, según han descubierto The New York Times y the Flatwater Free Press.

Su empresa, Pillen Family Farms, ha contratado a trabajadores indocumentados a medida que ha ido creciendo hasta convertirse en uno de los mayores productores porcinos del país, según un análisis de los expedientes judiciales estatales y federales y entrevistas con más de 40 empleados actuales y antiguos, fiscales, abogados especializados en inmigración y activistas comunitarios.

Muchas explotaciones agrícolas de Nebraska y otros estados dependen de los migrantes debido a la escasez de mano de obra. Aunque no está claro cuál es la proporción de trabajadores indocumentados en la plantilla agrícola de Pillen —que cuenta con unos 1200 empleados en cuatro estados de Estados Unidos y en Canadá—, el hecho de que la empresa haya recurrido a ellos es un secreto a voces en algunas de sus granjas de Nebraska.

Pillen apenas ha sido objeto de escrutinio público en relación con sus trabajadores. Su portavoz, Laura Strimple, dijo en un comunicado que “Jim Pillen nunca contrató a sabiendas a un migrante ilegal y fue mucho más allá de los requisitos legales a la hora de verificar la situación migratoria de sus empleados”.

Al menos 20 granjas porcinas de Pillen empleaban a migrantes indocumentados, según documentos judiciales y entrevistas con más de una veintena de trabajadores actuales y antiguos, entre ellos varios directivos. Seis antiguos trabajadores reconocieron en las entrevistas que ellos mismos carecían de estatus legal.

Los expedientes judiciales revelan que, al menos, una decena de trabajadores de Pillen fueron acusados de utilizar documentos de identidad falsos o robados para acceder a un empleo entre 2015 y 2024. Muchos de los trabajadores de Pillen entrevistados afirmaron que esta práctica era habitual. Al menos 10 de los que asumieron identidades falsas, según ellos mismos o sus familiares, nunca fueron objeto de acusaciones penales por ello.

David Armendariz, un mexicano que se quedó en Estados Unidos después de que su visa de turista venciera en 2008, dijo que trabajó en dos explotaciones agrícolas de Pillen hasta 2023. Según recordó en una entrevista, cuando lo contrataron, el responsable de la explotación aceptó la licencia de conducir falsa que había comprado. Ese mismo documento de identidad fue rechazado años más tarde, según contó, cuando solicitó un puesto de construcción en otro lugar.

A lo largo de los años, según dijo Armendariz, llegaron más trabajadores hispanos a las explotaciones agrícolas, muchos de ellos indocumentados. Un compañero de trabajo se cambió el nombre varias veces, dijo, y otro utilizaba un nombre diferente al que aparecía en sus hojas de registro. Armendariz afirmó que era sincero respecto a su propia situación. “Todos saben que no es el nombre de uno”, dijo, “pero no te preguntan cómo te llamas”.

Quinten Rowley, que gestionó dos granjas de jabalíes para la empresa de Pillen hasta 2022, afirmó que la empresa intensificó los controles de antecedentes de los solicitantes más o menos cuando Pillen decidió presentarse a gobernador. A partir de entonces, según Rowley, tuvo que rechazar a más solicitantes.

Samuel Bethune, defensor público del condado de Platte hasta 2009, dijo que había representado a cientos de migrantes indocumentados cada año, la mayoría de ellos empleados en plantas de envasado de carne. Recordó que algunos clientes acusados de infracciones de tráfico se identificaron como trabajadores de Pillen, pero carecían de documentos de trabajo válidos.

El ICE no encontró ningún registro de auditorías o inspecciones en las granjas Pillen en los últimos 15 años tras una solicitud del Times y Flatwater. La agencia federal ha llevado a cabo relativamente pocas redadas en lugares de trabajo de Nebraska. La mayor y más sonada fue la realizada en una planta de envasado de carne de Omaha, donde más de 70 trabajadores fueron detenidos en junio de 2025 por presunto robo de identidad.

Después de la redada, Pillen dio a entender en varias entrevistas que el ICE no actuaría contra los migrantes que llevaran tiempo asentados. “Cualquiera que esté aquí trabajando duro y sea un buen vecino, está perfectamente, no tiene ningún problema”, declaró el gobernador a The Nebraska Examiner. Sin embargo, también afirmó que la suplantación de identidad era un “delito grave”.

El gobernador no respondió a las solicitudes de entrevista y se negó a responder a las preguntas por escrito para este artículo. La portavoz de Pillen afirmó en su comunicado que él tiene “el historial más sólido en materia de inmigración de la historia de Nebraska. Bajo el liderazgo del gobernador, Nebraska ha colaborado con el gobierno federal en la deportación de casi 1000 migrantes ilegales mediante diversas colaboraciones con entidades federales”.

El ICE ha detenido a más de 3000 personas en Nebraska desde el inicio del segundo mandato de Trump, más del triple de la tasa registrada durante el gobierno de Joe Biden. En comparación, en Minnesota —epicentro de algunas de las operaciones urbanas de control de la inmigración más agresivas de Estados Unidos—, estas detenciones se han multiplicado por seis, según un análisis de los datos del ICE publicado por el Deportation Data Project.

Los funcionarios federales han evitado en gran medida los enfrentamientos con los empresarios agrícolas en los estados que contribuyeron a la reelección de Trump, afirman productores agrícolas y economistas especializados en el mercado laboral.

“Si vas a venir a ensañarte con los productores de Minnesota, Iowa, Misuri, Nebraska o donde sea, y a hacer operativos diarios en sus granjas o en sus plantas de procesamiento, te vas a encontrar con problemas políticos”, dijo Al Juhnke, exdirector ejecutivo de la Asociación de Productores Porcinos de Nebraska. “Las granjas están situadas justo en medio de zonas republicanas”.

Cerdos, jornaleros y nombres falsos

Pillen, el primer agricultor en gobernar Nebraska en más de un siglo, suele hablar de sus raíces agrícolas. Creció criando ganado en la pequeña granja familiar que su familia tenía en el condado de Platte, al noreste de Nebraska.

Destacado jugador de fútbol americano de los Cornhuskers en la Universidad de Nebraska, estudió zootecnia y luego trabajó como veterinario antes de poner en marcha su propio negocio hace más de tres décadas. Lo que hoy se conoce como Pillen Family Farms, con sede en Columbus, comenzó con 60 cerdas en un terreno.

Ahora, tras expandirse y adquirir a sus competidores, la empresa cuenta con unas 100 granjas solo en Nebraska, con plantillas que van desde un puñado hasta varias decenas de personas. Desde que Pillen asumió el cargo de gobernador, sus hijos Sarah y Brock dirigen la empresa, que ocupa el puesto 14 a nivel nacional en Estados Unidos en la lista “Pork Powerhouses”, con 78.000 cerdas.

La familia también es propietaria de una explotación porcina y tiene una participación minoritaria en Wholestone Prestage, que gestiona una cooperativa de procesamiento de carne de cerdo en Fremont, propiedad de unos 200 productores.Desde 2019, al menos 56 trabajadores de Wholestone han sido acusados de utilizar documentos de identidad falsos para trabajar, según los registros de los tribunales estatales. Más de la mitad se declaró culpable o fue condenada, varios casos se encuentran en trámite judicial y los demás acusados huyeron o no comparecieron. Wholestone no respondió a las solicitudes de comentarios.

En las granjas Pillen y en otros lugares, los trabajadores realizan largas jornadas laborales a cambio de un salario relativamente bajo para mantener en funcionamiento las granjas porcinas. Vacunan a los cerdos, los alimentan, los trasladan y los envían. Se trata de un trabajo que la mayoría de los habitantes de Nebraska no quieren, según afirmaron los ganaderos porcinos en las entrevistas.

Ante la escasez de mano de obra, las grandes empresas ganaderas porcinas han recurrido en las últimas décadas a mano de obra migrante, tanto legal como ilegal, según John K. Hansen, presidente de la Unión de Agricultores de Nebraska.

Gary Stover, un consultor que ayudó a un productor local a gestionar una granja porcina en Shelby, afirmó en una entrevista que en 2010 sustituyó al personal de la granja por trabajadores hispanos porque le impresionó su ética de trabajo. Comentó que uno de los empleados utilizaba un nombre falso y que otros clientes a los que asesoraba también contaban con trabajadores indocumentados con documentos falsificados.

Nathan Dallon, un abogado especializado en inmigración en Omaha que ha defendido a cientos de trabajadores indocumentados de acusaciones penales como robo de identidad y conducción sin licencia, dijo que el sector agrícola de Nebraska funcionaba partiendo de la premisa de que habría mano de obra migrante no autorizada.

“Los responsables de recursos humanos de muchas de estas empresas tienen incentivos para contratar a trabajadores de los que saben que utilizan documentos falsos”, dijo en una entrevista. “A veces incluso les ayudan a conseguir los documentos falsos, y entonces saben perfectamente que están agravando el delito que comete la persona que trabaja”. (Dallon, alegando la confidencialidad de sus clientes, se negó a decir si alguna vez había representado a trabajadores de Pillen).

El uso de documentos falsos por parte de migrantes para conseguir empleo no es nada nuevo en Nebraska. En Schuyler, los documentos de identidad falsos utilizados en la planta de envasado de carne de Cargill provocaron una polémica hace más de dos décadas.

Dave Reinecke, entonces alcalde de Schuyler, declaró al programa 60 Minutes: “¿Prefieres el crecimiento o quieres elegir de dónde vienen?”.

En la actualidad, tres cuartas partes de los residentes de Schuyler son hispanos, lo que representa la mayor proporción en cualquier municipio del estado. Los expedientes judiciales revelan que algunos trabajadores indocumentados de las granjas de Pillen han vivido allí. Otros migrantes hispanos, entre ellos empleados de Pillen, se han establecido en pequeñas localidades cercanas a sus lugares de trabajo.

Carl K. Hart Jr., en su calidad de fiscal del condado de Platte hasta 2022, llevó a juicio un flujo constante de casos de fraude de identidad en los que estaban implicados trabajadores indocumentados, entre ellos cinco empleados de la empresa de Pillen.

“Hay gente que está facilitando todo esto”, dijo en una entrevista. “Están en la comunidad y satisfacen la necesidad del sector agrícola de conseguir trabajadores”.

Nueve de los 12 trabajadores de Pillen acusados de robo o suplantación de identidad fueron condenados, y tres no se presentaron ante el tribunal. Pillen Family Farms no fue acusada de ninguna irregularidad en esos casos. Los empresarios rara vez son objeto de este tipo de investigaciones, lo que dificulta determinar si tenían conocimiento o si estaban implicados, dijeron los fiscales y los abogados defensores.

Un antiguo responsable de una granja de Pillen afirmó en una entrevista que, hace unos años, le dijo a un migrante que consiguiera otro documento de identidad después de que la empresa detectara que el documento de identidad falso inicial había sido identificado como tal. Antes de trabajar para Pillen, había aconsejado a los trabajadores sobre cómo podían hacer que sus documentos de identidad falsos parecieran más auténticos, explicó el responsable, que habló bajo condición de anonimato porque todavía tiene familiares en el sector.

Cuando Armendariz trabajaba en Inland Foods, una granja de Pillen a las afueras de Hastings, solo un puñado de trabajadores tenía documentación en regla, según recuerda. Unos 20 migrantes carecían de ella, incluido él mismo, dijo. Aproximadamente la mitad había sido contratada por un copropietario cuya participación terminó por ser adquirida por la empresa de Pillen. (Armendariz, que pidió que no se utilizara su apellido completo por temor a represalias, afirmó que fue despedido tras tener desacuerdos con su jefe).

Algunos trabajadores de Inland siguen sin papeles después de más de 20 años allí, dijo un empleado actual, que ha solicitado permanecer en el anonimato porque no está autorizado a hablar sobre la empresa. Dos personas han afirmado que sus familiares indocumentados trabajan actualmente en una granja de Pillen cerca de St. Edward.

Ashly Cortez-Garcia trabajó hace cinco años en una explotación porcina propiedad de Pillen, cerca de Albion. En una entrevista, contó que su jefe se enteró, a través de la sede central, de que un empleado trabajaba con un nombre y había solicitado ayudas estatales con otro. Cortez-Garcia recordó que el jefe le dijo que le preguntara al trabajador en español: “¿Cuál quieres que utilice?”.

El responsable, ahora jubilado, se negó a responder a las solicitudes de comentarios.

Pillen Family Farms fue demandada en 2021 por un antiguo especialista en recursos humanos, Luis Lucar, quien alegó que la empresa contrataba a sabiendas a trabajadores indocumentados.

Entre 2015 y 2019, dijo Lucar, se quejó en repetidas ocasiones de que la empresa cambiaba los nombres de los trabajadores en los documentos de la empresa y de la administración pública, clasificaba erróneamente a los trabajadores como mano de obra contratada y falsificaba los formularios de verificación de empleo.

Lucar fue despedido en 2019 y ahora trabaja como organizador en Schuyler para el Heartland Workers Center, una organización sin fines de lucro que defiende los derechos laborales de los migrantes.

La empresa desmintió las acusaciones en un documento judicial. El portavoz de la campaña de Pillen en aquel momento, Matthew Trail, dijo que Lucar mentía y lo describió ante un periodista como un “exempleado descontento” y un “activista a favor de la inmigración ilegal”.

En 2022, ambas partes acordaron desestimar la demanda. Lucar y su abogado se negaron a hacer declaraciones para este artículo.

A medida que Pillen Family Farms crecía, reforzó el cumplimiento de la legislación laboral, dijo Rowley, su antiguo gerente. La empresa contrató a más migrantes procedentes de México con una visa especial para trabajadores cualificados durante la última década. Según muestran los registros, el mismo día en que Pillen lanzó su campaña para gobernador, la empresa se adhirió a E-Verify, un sistema gubernamental para reforzar la verificación de la situación laboral.

En una declaración que se hace eco de la del gobernador, Sarah Pillen, codirectora ejecutiva de las explotaciones, dijo al Times y a Flatwater: “Nuestro equipo se enorgullece enormemente de cumplir todas las leyes laborales y asume esa responsabilidad con seriedad. Nunca hemos contratado a sabiendas a un migrante ilegal”. Afirmó que la empresa cumple todas las normas de verificación de empleo y se asegura de que “se revisen y aprueben todos los documentos de identidad necesarios. Además, participamos voluntariamente en el programa E-Verify para ir más allá en nuestro compromiso”.

Un giro en materia de inmigración

Desde que Trump asumió el cargo, Pillen se ha esforzado por ganarse la confianza de Washington. Ha visitado la Casa Blanca en 11 ocasiones desde el año pasado y Mar-a-Lago dos veces, incluida una reunión privada con el presidente en julio de 2025, según el calendario oficial del gobernador. Eso es mucho más de lo que hicieron sus predecesores recientes.

A pesar del respaldo del presidente, Pillen se encuentra en una contienda reñida por la reelección. Ni él ni sus rivales han hecho hincapié en su postura sobre la inmigración durante la campaña.

Sin embargo, la inmigración sigue siendo un tema polarizador, incluso en un estado conservador. Menos de un tercio de los habitantes de Nebraska apoya la campaña de mano dura del gobierno federal, según muestra una encuesta nacional.

Antes de presentarse por primera vez a gobernador, la empresa de Pillen hizo una donación al Centro Hispano, una organización sin fines de lucro con sede en Columbus que presta apoyo tanto a trabajadores legales como a indocumentados, y él mismo recibió un premio de dicha organización en 2018. Como gobernador electo, se pronunció sobre la necesidad de que el gobierno federal aumentara el número de migrantes legales que pudieran desempeñar trabajos esenciales en Nebraska y otros estados agrícolas.

Al respaldar las políticas de inmigración de Trump, Pillen ha hecho hincapié en el riesgo de la entrada de delincuentes violentos en Estados Unidos y en la necesidad de centrarse en su deportación.

En un programa de radio en julio de 2025, recordó que, durante un viaje a la frontera sur, se enteró de que unos intrusos habían matado a un novillo en el rancho de una familia de Texas. “Ha habido tantos terroristas y delincuentes cruzando la frontera a nado”, dijo.

“Hay que expulsar a los migrantes ilegales delincuentes que han invadido nuestro país”, declaró Pillen en una publicación en redes sociales en diciembre. “Haré todo lo que esté en mi mano para apoyar firmemente al presidente Trump y conseguir que se lleve a cabo esta tarea”.

En ocasiones, el gobernador ha dado la impresión de suavizar su tono. Tras inaugurar las nuevas instalaciones del ICE el verano pasado, Pillen afirmó que el centro de detención estaba destinado a delincuentes, no a familias trabajadoras. También hizo hincapié en la necesidad de abordar la escasez de mano de obra en sectores más allá de la agricultura, incluidas la construcción y la hotelería.

“El presidente Trump lo sabe, ¿cierto? Sabe que hay personas en su sector que llevan toda la vida trabajando y que han hecho un buen trabajo, pero que carecen de documentación”, dijo. Pillen añadió que se oponía “al 100 por ciento” a las deportaciones masivas.

El lenguaje utilizado por Pillen para distinguir entre las personas trabajadoras y los delincuentes ignora la realidad jurídica, según afirman algunos funcionarios locales y abogados especializados en inmigración.

Los trabajadores indocumentados de Nebraska, aunque en ocasiones cometen algún delito para conseguir empleo, infringen otras leyes de manera muy inusual y, en su mayoría, son “residentes respetuosos con la ley que intentan vivir su sueño americano y mantenerse a sí mismos y a sus familias”, dijo Hart, exfiscal del condado de Platte y miembro del Partido Demócrata.

Tras el asesinato de dos personas en Mineápolis a manos de agentes del ICE en enero y la indignación que esto provocó, el gobernador se abstuvo en gran medida de hacer declaraciones públicas sobre la inmigración.

Más recientemente, bajo la presión de cumplir con las cuotas de la Casa Blanca, los agentes del ICE han llevado a cabo detenciones en cifras récord en todo el país y a menudo han deportado a personas indocumentadas sin antecedentes penales.

La Patrulla Estatal de Nebraska ha destinado a más agentes a tareas de control de inmigración. Y el centro de detención del ICE, en McCook, se está ampliando para albergar a más personas.

Cortez-Garcia, antigua empleada de la granja de Pillen, dijo que, como votante republicana, le consternaba que Pillen pareciera contradecirse en el tema migratorio. “No se puede contratar a migrantes ilegales y luego oponerse a ellos”, dijo.

Samantha Aguilar y Roselyn Gonzalez colaboraron en la elaboración de este reportaje. La investigación estuvo a cargo de  Georgia Gee, Bob Glissmann,  Kirsten Noyes, Jane Bello Rivas, Asia Rollins y Jeremy Turley.  Sarah Cohen colaboró en el análisis de datos.